La justicia estadounidense volvió a cerrar la puerta a una salida anticipada en el caso contra Nicolás Maduro. Este jueves, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó la posibilidad de desestimar los cargos por narcotráfico que pesan sobre el mandatario venezolano, aunque dejó abiertas tensiones clave en torno a su eventual defensa legal.
Más de dos meses después de su captura en una operación militar estadounidense que sacudió la geopolítica regional, y tras las acusaciones formuladas en 2020 por autoridades de Estados Unidos (que lo señalan de liderar una red de narcotráfico conocida como el “Cartel de los Soles”), Maduro volvió a comparecer ante el tribunal. Esta vez, para dirimir quién financiará su defensa en un juicio por presunto narcoterrorismo que podría prolongarse durante años.
El exmandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, se declararon no culpables de los cargos que enfrentan, entre ellos conspiración para cometer narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. A Maduro se le imputan además conspiración para importar cocaína, así como posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para utilizarlos contra Estados Unidos.
Se trata de acusaciones de alta gravedad que, de ser probadas en juicio, podrían derivar en condenas de gran impacto tanto en el ámbito penal como en el político.
Pero más allá de la culpabilidad o inocencia, la audiencia puso el foco en una disputa que crece en paralelo al proceso. La defensa sostiene que las sanciones estadounidenses impiden a Maduro utilizar fondos del Estado venezolano para pagar a sus abogados, lo que, según argumentaron Barry Pollack y Mark Donnelly, sus respectivos abogados, vulnera su derecho constitucional a elegir representación legal.
Bajo esa premisa, plantean que la única solución sería la desestimación del caso, un escenario poco probable bajo la visión del juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, quien dejó claro desde el inicio que no consideraba apropiado dar ese paso.
“No voy a desestimar el caso”, afirmó el magistrado durante la audiencia. “En este punto, sería una medida demasiado grave basada en supuestos, y no creo que debamos entrar en eso ahora”.
El debate gira en torno a las sanciones impuestas a Venezuela, en particular las administradas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Estas medidas prohíben el uso de ciertos recursos financieros del Estado venezolano dentro de la jurisdicción estadounidense. Para la fiscalía, permitir que esos fondos financien la defensa de Nicolás Maduro socavaría el propósito mismo de las sanciones, justificadas por el gobierno por razones de seguridad nacional y política exterior.
En términos simples, el tribunal reconoció que el derecho a la defensa es un principio fundamental, pero también dejó claro que ese derecho no implica necesariamente la posibilidad de recurrir a cualquier fuente de financiamiento.
En el caso de Maduro, la posibilidad de una fianza es remota. Lo mismo ocurre con Cilia Flores. La corte evalúa aquí el riesgo de fuga y la gravedad de los cargos: ambos enfrentan acusaciones federales vinculadas a asuntos de seguridad nacional en Estados Unidos.
Mientras este debate jurídico se desarrollaba dentro de la sala, el exterior del tribunal reflejaba la dimensión política del caso. Decenas de personas se congregaron desde primeras horas de la mañana: algunos exigían castigo para el exmandatario bajo la campaña #LosQueremosDeVuelta, mientras otros reclaman su liberación.
Por ahora, el tribunal deberá tomar una decisión adicional: definir si ordena al gobierno permitir el uso de fondos venezolanos para financiar la defensa o si mantiene el bloqueo. Esa resolución podría redefinir la estrategia legal de ambas partes y marcar el ritmo del proceso en los próximos meses.
