La reciente catástrofe causada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en Valencia ha desencadenado un fuerte debate político y judicial en España. La tragedia, que dejó más de 200 víctimas mortales, ha puesto bajo escrutinio la gestión de la emergencia por parte del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y otros actores clave en la respuesta institucional.
María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, ha calificado públicamente el manejo de Mazón de “negligencia manifiesta”, durante su intervención en el Pleno del Congreso. Según la ministra, la gestión de Mazón no solo careció de respuestas efectivas, sino que también estuvo marcada por una falta de transparencia sobre su paradero y su papel durante los momentos más críticos de la catástrofe.
“Esto ha sido muy grave, el retraso en la toma de decisiones y retrasar la alarma ha tenido consecuencias muy graves”, comentó. “Todos los valencianos saben de manera cristalina quién es responsable de esta catástrofe”, añadió, además de afirmar que las decisiones tomadas durante la emergencia, o la falta de ellas, tendrán consecuencias judiciales.
Sin embargo, el debate político no se limita a Valencia. En el Congreso, representantes del Partido Popular, como Elías Bendodo, han desviado la responsabilidad hacia la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el Gobierno Central. Según Bendodo, la gestión de organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, bajo la dirección de Ribera, fue inadecuada, destacando que varias figuras clave se encontraban fuera del país cuando la tragedia golpeó la región. “Eso es una gran irresponsabilidad que puede tener consecuencias jurídicas”, señaló.
Por su parte, Ribera ha defendido que el sistema de alerta funcionó correctamente y que se emitieron más de 200 avisos preventivos a la Generalitat Valenciana antes del evento. Sin embargo, Montero refutó estas afirmaciones, señalando que la respuesta tardía y la falta de medidas inmediatas agravaron las consecuencias de la DANA. La vicepresidenta destacó que las víctimas y sus familias tienen derecho a una investigación exhaustiva y transparente que aclare las responsabilidades individuales y colectivas en esta tragedia.
El cruce de acusaciones ha generado propuestas para abrir comisiones de investigación con el objetivo de esclarecer las responsabilidades políticas y administrativas. Mientras tanto, Montero ha instado al Partido Popular a tomar medidas contra Mazón, sugiriendo que su permanencia en el cargo es insostenible dado su manejo de la emergencia. Según la ministra, la falta de autocrítica por parte del líder valenciano refuerza su posición de que no está capacitado para continuar al frente de la Generalitat. “Alguien que no ha aprendido nada, no está en condiciones de seguir llevando al timón”, afirmó.
Sin embargo, este debate se da luego de que, a principios de mes, los afectados se pronunciaran en descontento al manejo de la situación, cuando los reyes y diversas entidades acudieron a la región. La visita de Felipe VI y Letizia a las zonas devastadas, lejos de generar consuelo, evidenció el malestar de la población, que expresó su indignación por la falta de respuesta oportuna de las autoridades. Con protestas, los ciudadanos reclamaron mayor implicación del Gobierno central y exigieron medidas inmediatas para acarrear con las consecuencias de la tragedia.
La decisión del Ministerio del Interior de no activar el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, que habría facilitado la llegada de recursos adicionales y una respuesta más rápida, ha generado severas críticas. Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores buscó gestionar opciones de financiamiento en Bruselas, pero no solicitó formalmente ayuda directa, una omisión que ha sido interpretada como una muestra de desinterés en priorizar las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas.
Ante este escenario, los ciudadanos han asumido la responsabilidad de auxiliar a los damnificados. Redes de voluntariado y centros de acopio se han organizado en distintas partes del país, brindando apoyo a las familias que lo han perdido todo. Sin embargo, los esfuerzos de la sociedad civil, aunque fundamentales, no pueden compensar las graves carencias en la gestión institucional, que han dejado a Valencia en una situación crítica tanto en términos materiales como sociales.
