La música popular, bajo formas como el corrido y el corrido tumbado, ha sido terreno fértil donde se inscribe una narrativa ambigua sobre el narcotráfico: por un lado, documenta hechos sociales; por otro, en muchos casos termina celebrando con glamour estructuras criminales que aterran comunidades enteras. Ese fenómeno se vuelve particularmente visible cuando figuras como Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes dejan de ser nombres en los titulares para convertirse en protagonistas líricos en las canciones de artistas actuales.
El hecho de que cantantes como Luis R. Conriquez, Peso Pluma, Gerardo Ortiz, Natanael Cano, Junior H, Grupo Arriesgado y Enigma Norteño hayan incluido alusiones a El Mencho en su repertorio no es un dato trivial: es la expresión de cómo la música popular tiende a metabolizar e incluso normalizar la violencia en vez de cuestionar críticamente.
Al analizar esta lista de intérpretes, se vuelve claro que la narrativa de los narcocorridos y sus versiones modernas no se limita a describir una realidad compleja; a menudo funciona como una apología estética del crimen organizado. Cuando un corrido menciona armas, blindados, jerarquías de cárteles y el supuesto “respeto” que se debe a capos como El Mencho, contribuye a una mitificación que borra, o al menos diluye, el sufrimiento de las víctimas reales de la violencia. Esta tendencia no es nueva, los narcocorridos llevan décadas normalizando figuras del narcotráfico en la cultura popular, pero la reciente inclusión de esos temas en canciones que dominan playlists globales muestra que el problema ha trascendido las fronteras de México y ha entrado en el mainstream internacional.
Peso Pluma ha sido un catalizador potente para llevar estas narrativas a audiencias globales, mezclando el corrido tradicional con influencias del trap y el rap para hacer música accesible a oyentes jóvenes y urbanos. En temas como “Siempre Pendientes”, la referencia a capos del narcotráfico va más allá de un guiño cultural: funciona como una celebración de estatus y poder que puede trivializar completamente el contexto de violencia estructural al que pertenecen esos nombres. Este tipo de narrativa es peligrosa porque acaba borrando la línea entre documentar una realidad e idealizarla.
En ese contexto, las propias declaraciones de Peso Pluma en 2023 adquieren otro sentido. En una entrevista para el canal de YouTube Soy Grupero, el cantante afirmó que hacer corridos por encargo forma parte del oficio: explicó que personas llaman, preguntan cuánto cuesta una canción y, tras acordar el precio, reciben el corrido solicitado. Desde una lógica estrictamente mercantil, puede entenderse como prestación de un servicio artístico. Sin embargo, cuando el cliente pertenece a una estructura criminal, la línea entre trabajo creativo y legitimación simbólica se vuelve problemática. El mercado no es neutral si lo que se compra no es solo una canción, sino una narrativa que construye reputación, poder y propaganda para actores armados.
Gerardo Ortiz y agrupaciones como Los Alegres del Barranco han llevado esa mitificación aún más lejos al construir canciones que directamente elevan a capos como El Mencho a figuras dignas de respeto o incluso admiración. Cuando estos temas dominan escenarios, listas de reproducción y redes sociales, el impacto cultural no es neutro: contribuye a una reconfiguración simbólica del narcotráfico que puede reforzar su legitimidad simbólica a pesar de sus consecuencias letales.
El caso de Gerardo Ortiz marca un punto de quiebre porque ya no se trata solo de narrativa, estética o metáfora. El año pasado, en una Corte Federal de Los Ángeles, el cantante se declaró culpable de haber lavado dinero a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación a través de un esquema articulado por el productor Jesús Pérez Alvear. Según la acusación, ofreció 19 conciertos en México cuyas ganancias terminaron parcialmente en las arcas de la organización criminal. Aquí la frontera entre cantar sobre el narco y participar en su engranaje financiero deja de ser difusa y se vuelve jurídica. Cuando un artista cruza esa línea, el debate sobre responsabilidad artística adquiere otra dimensión, porque la música se convierte en vehículo directo de financiamiento para estructuras criminales reales.
Artistas como Natanael Cano operan en una zona gris donde el estilo puede disfrazar la ideología. Sus corridos tumbados mezclan ritmos pegajosos con letras que, si bien pueden presentarse como storytelling o crónica social, no dejan de reproducir estereotipos de violencia, lealtad y poder asociados a organizaciones criminales. La música se vuelve espejo de la sociedad, pero también su amplificador: lo que antes podía ser un reflejo indirecto de la realidad ahora es una narrativa que reconfigura la percepción pública del narcotráfico de forma seductora.
Junior H, Grupo Arriesgado y Enigma Norteño también forman parte de esta conversación cultural. En sus letras aparecen referencias directas o indirectas a estructuras del crimen organizado, muchas veces envueltas en códigos de honor y lealtad que romantizan la lógica interna de los cárteles. Ese encuadre lírico, repetido y viralizado, termina instalando una versión estilizada del narco como figura de poder y prestigio.
Lo que sucedió el 9 de enero en Culiacán fue una escena que parecía salida de una distopía latinoamericana: una avioneta sobrevoló la ciudad y arrojó miles de volantes en los que la facción del Cártel de Sinaloa afín a Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, señalaba a 25 influencers y cantantes por presunto lavado de dinero en favor del grupo rival de los Chapitos. Entre los nombres mencionados estaba Peso Pluma, el artista mexicano más escuchado de los últimos años. El mensaje no solo evidenciaba la fractura interna del crimen organizado; también mostraba hasta qué punto la industria musical ha quedado atrapada en la lógica de acusaciones cruzadas entre facciones armadas.
Días antes, en Hermosillo, una célula conocida como Los Matasalas colgó una manta con amenazas dirigidas a Natanael Cano, figura clave en la expansión de los corridos tumbados. La advertencia lo señalaba por supuestamente apoyar económicamente a Los Salazar, grupo criminal con fuerte presencia en Sonora y Chihuahua y vinculado al entorno de Zambada. Cuando organizaciones criminales utilizan mantas y volantes para interpelar a artistas específicos, queda claro que la música dejó de ser solo representación cultural y se convirtió en pieza dentro de disputas territoriales reales.
No se trata de poner etiquetas simplistas sobre estos artistas o su obra, sino de entender que la música, como forma de expresión social, no opera en el vacío. Cada vez que un corrido que glorifica armas y capos se convierte en éxito de streaming, se compone una narrativa que compite con discursos de justicia, memoria y reparación. Existe una responsabilidad ética y estética que a menudo queda relegada en favor del espectáculo y la viralidad.
Ante contextos de violencia persistente, la música que celebra figuras del narcotráfico adquiere un tono inquietante. Ya no es solo entretenimiento: es una pieza activa en la construcción del imaginario colectivo alrededor del crimen organizado. El desafío para la música contemporánea es narrar la complejidad de la realidad sin convertir aquello que destruye vidas en íconos aspiracionales ni reforzar estructuras simbólicas que legitiman la violencia.
Al mismo tiempo, sería ingenuo fingir que la relación entre música y economías ilegales nació con los corridos tumbados. La cultura popular lleva décadas orbitando sustancias, mercados paralelos y figuras al margen de la ley. En los años sesenta, la escena psicodélica alrededor de bandas como Grateful Dead estuvo íntimamente ligada a la circulación de LSD y a redes informales que financiaban giras y comunidades enteras.
El rock, el jazz y hasta el hip hop han convivido con mercados ilícitos que moldearon estéticas, discursos y estilos de vida. La diferencia es que en aquellos casos la narrativa giraba más en torno a la expansión de la conciencia o la rebeldía contracultural, mientras que en el caso del narco latinoamericano hablamos de estructuras armadas responsables de miles de muertes.
La música siempre ha dialogado con lo prohibido; el dilema contemporáneo no es esa cercanía en sí, sino qué tipo de ilegalidad se estetiza, a quién beneficia simbólicamente y qué costo humano queda fuera del encuadre cuando el ritmo convierte la violencia en espectáculo.
